El arrendamiento turístico o vivienda turística, según el Decreto 2590 de 2009, se refiere a la posibilidad de realizar arrendamientos inferiores a 30 días calendario. Esta actividad genera implicaciones en la propiedad horizontal, exigiendo un cumplimiento riguroso de requisitos legales. Entre ellos, se encuentra la inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Turismo, según lo establecido en las leyes 1429 de 2010 y 1558 de 2012, así como la autorización expresa en el reglamento de propiedad horizontal. Si dicha autorización no está incluida en el reglamento, ningún copropietario puede realizar arrendamientos turísticos.
El administrador tiene la responsabilidad de reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio cualquier actividad de arrendamiento turístico que no cumpla con los requisitos legales. En caso de incumplimiento, el administrador puede ser sancionado con hasta tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que debe asumir personalmente. Así mismo, el administrador debe llevar un registro actualizado de residentes, propietarios y huéspedes, conforme al artículo 51 numeral 2 de la Ley 675 de 2001, y garantizar la existencia de contratos escritos para cada arrendamiento turístico, los cuales deben contener información específica sobre el inmueble, los huéspedes, las fechas de ingreso y salida, y la forma de pago.
Además, quien ejerza la actividad de arrendador turístico debe contar con una póliza de responsabilidad civil equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo exige la Resolución 3349 de 2013. Para que la propiedad horizontal permita esta actividad, es indispensable reformar el reglamento de propiedad horizontal, aprobando expresamente los arrendamientos turísticos mediante asamblea general con el quórum requerido por el artículo 46 de la Ley 675 de 2001. También es fundamental verificar que la actividad sea permitida en el sector según el plan de ordenamiento territorial (POT), pues algunos municipios han establecido licencias especiales para ejercer esta actividad.
Por último, es crucial establecer un sistema adecuado de control en la propiedad horizontal, que incluya libros de registro, verificación de pólizas, contratos, y medidas contra la explotación sexual y el ingreso de inmigrantes ilegales. Las modificaciones al reglamento deben elevarse a escritura pública y registrarse para que tengan efectos ante terceros, asegurando el cumplimiento de las normativas aplicables.
